Disputa por morosos

Por Alberto Barrios
#RadarPeninsular

Son poderosos y morosos; lo mismo políticos que empresarios, con una coincidencia: durante más de 10 años han omitido pagar el predial de sus propiedades, pese a las múltiples invitaciones y advertencias que les han enviado las administraciones municipales del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para que cubran sus pagos atrasados o que se atengan a las consecuencias, incluido el embargo de sus bienes.

Pero ni invitaciones ni advertencias del Ayuntamiento los ha perturbado. Un escenario de tolerancia que podría cambiar, al amparo del reciente y apresurado convenio mediante el cual la Comuna saliente, encabezada por la presidenta sustituta María Luisa Alcérreca Manzanero, cedió al Gobierno del Estado su prerrogativa para cobrar el predial, lo que encendió las alarmas en el equipo de la entrante administración municipal que presidirá el morenista Hernán Pastrana Pastrana.

“Lo que haya que revisarse, se revisará”, ha dicho el presidente electo, quien ha sido respaldado por los regidores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Laurentino Estrella y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Blanco Cruz, quienes incluso presentaron un recurso de amparo contra el acuerdo aprobado por los regidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) del Cabildo de Othón P. Blanco mediante el cual el gobierno de Quintana Roo se adjudica el cobro y la administración de los recursos obtenidos por el Impuesto Predial.

“Se viola la autonomía municipal”, advierte el regidor del PRD, Andrés Blanco Cruz, quien sostiene que “hay un trasfondo político para afectar las finanzas de la próxima administración que será encabezada por Hernán Pastrana, emanado del partido Morena”, aunque la realidad es que los 52 millones de pesos promedio que ingresan vía Impuesto Predial representan menos del 10 por ciento de la captación del Ayuntamiento capitalino, cuyo fuerte, como en casi todas las administración municipales, son las participaciones federales.

Ante la sombra política, lo que no han sabido comunicar ni la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco ni el Gobierno del Estado, es que dicho convenio le permitirá asegurar y aumentar los ingresos a ambos niveles de gobierno, conforme a un esquema federal que permite que el 30 por ciento del Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la administración del Impuesto Predial por cuenta y orden del Municipio.

Esto es, el Gobierno Municipal cede al Gobierno del Estado la cobranza y administración del predial, que en base a los 100 mil lotes registrados, tendría que ser de aproximadamente 70 millones de pesos, aunque en realidad solo recauda 52 millones, a cambio de que el Gobierno del Estado le asegure al Municipio el ingreso de los 52 millones de pesos, más los restantes 20 millones de pesos vía una “una mejor coordinación en la administración del Impuesto Predial, ampliando el padrón de contribuyentes de este gravamen, actualizando los valores catastrales, lograr una mayor cobertura en la cobranza, con la finalidad de tener una mayor eficiencia recaudatoria que permita generar mayores ingresos en beneficio del Municipio”, conforme lo establecido en el convenio.

A su vez, el Gobierno del Estado puede obtener parte de los recursos del Fondo de Fomento Municipal si demuestra “la existencia de la Coordinación Fiscal en el Impuesto Predial y de su administración por parte del Estado, a través de la celebración de un convenio con el Municipio”. Para tener una idea del beneficio que recibirá el Gobierno del Estado al firmar este convenio, el Estado de Yucatán recibió en 2017, más de 800 millones de pesos por medio del Fondo de Fomento Municipal.

DEUDA MILLONARIA
Para ejecutar una mayor recaudación, el Gobierno del Estado tendrá que buscar la regularización de 29 mil 699 lotes municipales que arrastran un rezago de 69 millones 689 mil pesos desde hace más de 10 años. Dado que muchos de estos lotes son de personalidades políticas y empresariales ligados a los gobiernos del PRI, se prevé el endurecimiento de las políticas recaudatorias del Predial, incluyendo los temidos procesos de embargados que hasta el momento no han querido ser ejecutados por las administraciones municipales de Othón P. Blanco.