Por Staff

Hoy entra en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, una de las más jóvenes de América Latina, la cual garantiza los derechos culturales de cualquier ciudadano, grupo o comunidad de la capital. Sin embargo, promotores y especialistas en legislación cultural como Eduardo Cruz Vázquez, Arturo Saucedo y Horacio Franco detallaron a Excélsior que su aplicación real aún enfrenta pendientes y desafíos.

Por ejemplo, la falta de andamiaje administrativo con las normas y leyes complementarias que permitan aplicar la nueva constitución; la creación del Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad, que será el órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura (SC) local, que velará por los derechos humanos y garantizará el respeto de los derechos culturales.

Además, explicaron que aún falta por aclarar la manera cómo las 16 alcaldías (antes delegaciones) ejercerán el presupuesto destinado a cultura, garantizando que éste no se utilice para actividades cívicas y deportivas, como ha sucedido en el pasado.

Otro pendiente es la construcción, el mantenimiento y la remodelación de nueva infraestructura cultural, la forma como se garantizará que el incremento presupuestal -calculado por Alfonso Suárez del Real, futuro titular del sector, en 35 por ciento (Excélsior, 03/09/2018)- se destine a actividades culturales, sin olvidar que sigue pendiente la reestructuración de la SC local, que aún trabaja como instituto de cultura.

La Carta Magna de la Ciudad de México fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017; pero su aplicación se programó para hoy, la cual tendrá como soporte la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, aprobada el 22 de enero de 2018.

Para Horacio Franco, “el que esta constitución contemple los derechos culturales ya es de avanzada, porque considera a la cultura como un baluarte fundamental. Eso está muy bien. Lo que yo cuestionaría son las relaciones interinstitucionales entre instancias federales y locales, y que no se ha abordado la construcción y remodelación de nueva infraestructura cultural en la ciudad”.

Y añadió: “Cualquier constitución está muy bien, pero lo que importa es cómo van a organizar toda la infraestructura y cuánto dinero destinarán a cultura. Estamos en excelentes manos con Suárez del Real, pero se tiene que esperar a que entre en vigor esta constitución, a partir de hoy, porque falta ver la cuestión de infraestructura, la remodelación de espacios culturales y la mejor adaptación de foros, ya que la ciudad prácticamente no tiene buenas salas de concierto para música de cámara”.

¿Qué opinas sobre la propuesta de Suárez del Real para convertir los patios coloniales del Centro Histórico en foros para tocar música antigua y de cámara?, se le cuestiona a Franco. “Está bien para cuando el artista es estudiante o tiene una visión social, como yo. A mí me da igual tocar en un patio que en una sala de conciertos; pero es muy incómodo, porque en esos patios a veces se necesita una mejor sonorización”.

PUNTOS ÁLGIDOS

Para el gestor cultural Eduardo Cruz, aunque es cierto que la constitución local puede definir y establecer toda suerte de garantías, accesos y defensas en torno a los derechos culturales, faltan los órganos que garanticen su aplicación.

Por eso será interesante retomar lo que dice la ley sobre la creación del Instituto de los Derechos Culturales -previsto en el Artículo 22 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México-, que se encargará de vigilar y aplicar esos derechos”.

Además, consideró que se debe poner atención en la construcción de las comisiones de Cultura en las cámaras de Diputados y Senadores. “Lo primero es estar atentos al proceso que viven ambas cámaras y cómo se va a abordar su creación”.

Y advirtió que “otro de los puntos álgidos a resolver es la relación entre las alcaldías (antes delegaciones) y la SC local. Recordemos que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno, se le otorgaron mayores capacidades y recursos a las alcaldías, cuyas decisiones no pasaron por la conciliación de la SC local”, dijo.

Sin olvidar que las alcaldías normalmente cambian el destino de los etiquetados a cultura. “Tú sabes que históricamente ha habido quejas de que las delegaciones desvían recursos etiquetados a cultura para actividades deportivas o de fiestas cívicas. Ese es un tema muy complejo que, sin duda, tendrán que corregir”, detalló.

El también fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) explicó que es un buen punto “que exista la Constitución porque define garantías, accesos y defensas… pero faltan los órganos encargados de su aplicación. Y por eso será interesante poner atención en el Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad”.

¿Cuál es tu primera impresión sobre las propuestas hechas por Suárez del Real? “Será interesante ver cómo revertirá los problemas que ha acumulado la SC local durante los últimos 21 años, con esa estructura administrativa limitada, que no corresponde a la realidad, y la relación perversa e ineficiente con las alcaldías, hasta la restitución presupuestal que deberá reflejarse en términos del costo de vida y de la inflación, y la necesaria compaginación entre las leyes de cultura federal y local.

Soy de los que comparte la expectativa de que Suárez del Real es una gente capaz, que tiene un récord importante de experiencias y conocimientos… pero vamos a ver si el aparato le permite resolver los desafíos”, acotó.

Por último, Arturo Saucedo afirmó que lo más urgente es integrar una verdadera Ley de Cultura de la Ciudad de México, derogar la obsoleta Ley de Fomento Cultural (aprobada en 2003), y coincidió en la necesidad de reestructurar la SC local y en la creación del Instituto de los Derechos Culturales.

Yo quisiera ver si realmente existe voluntad para crear ese instituto… y, una vez creado, que nos digan para qué va a servir y que nos demuestren si éste no duplicará sus funciones con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)”.

Sin embargo, el mayor reto es que el gobierno local le dé orden y transparencia a la partida presupuestal del 2 por ciento de su presupuesto que destina a deporte y cultura, “el cual se dispersa en las alcaldías, es del orden de 4 mil 300 millones de pesos y se maneja de forma discrecional”.